La fiscal de Delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, sostiene que las obras realizadas en la desembocadura de El Bufadero no estaban contemplada en el Plan Especial del Puerto (PEP) de Santa Cruz. La Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio en cuanto las obras pudieron ocasionar destrozos en edificios, mobiliario urbano, vehículos e incluso supusieron un riesgo para la seguridad de los vecinos.

Existe la sospecha de que las actuaciones hechas en la desembocadura del barranco causaron graves desperfectos durante las lluvias torrenciales del 1 de febrero de 2010. Ahora, la Fiscalía concluye que “tal y como resulta de la documentación aportada, por una parte se desarrollaban en zona terrestre y el resto en espacio de agua, incluido en la zona de servicio del recinto portuario. En este ámbito el único instrumento de ordenación de desarrollo vigente, el PEP, no incluye ni proyecta nuevas obras de ampliación ni obras de cierre sobre el barranco ni otros destinados al efecto”.

En calidad de testigo ha sido citado el técnico de la Gerencia de Urbanismo, Epifanio Gómez. Además, la Autoridad Portuaria debe remitir una copia de los informes técnicos y jurídicos que se evacuaron para la aprobación de la nueva base de contenedores de la Dársena en el que se contempla la canalización de desagüe.

Una de las principales cuestiones que se tendrán que aclarar es si el estado de la desembocadura tuvo repercusión en los daños causados por las precipitaciones que dieron lugar a destrozos en edificios, mobiliario urbano y vehículos, “ocasionando un riesgo para la seguridad de las personas”. El Consejo Insular de Aguas ha emitido un informe en el que relaciona ambas cuestiones y considera que las obras supone “en general un obstáculo en el paso del agua y disminuye su capacidad de desagüe”.

Sin embargo se apunta que las actuaciones originales fueron autorizadas antes de que existiese el Consejo Insular por lo que no hay expediente ni datos sobre las autorizaciones. La pasarela y el puente son también dos obstáculos que reducen la capacidad hidráulica.

En la denuncia de la Fiscalía se expresa que de la documentación que está en su poder resulta que el vigente Plan Especial del Puerto, aprobado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, no contempla las obras de la Fase II ni parte de la I, en el que se incluía la canalización del desagüe del Barranco. En la revisión del planeamiento sí se recoge de forma “expresa y específica” la situación que se prevé resulte de la terminación de las obras en todas sus fases. Este documento ha sido aprobado ya de forma inicial en el año 2007. De hecho, Puertos argumenta que estas obras se realizaron según lo contemplado en e Plan de Utilización de Espacios Portuarios, aprobado en el año 2006.

Se añade en el informe de Puertos que las aguas interiores de Puerto no forman parte del territorio municipal y que la Ley estatal apunta que las obras que realicen las autoridades portuarias en dominio público deberán “adaptarse” al plan especial de ordenación de espacio portuario”.

Sin embargo, Violán apunta que nunca se indicó que estas actuaciones deben estar sólo “previstas”. La Gerencia de Urbanismo argumentó que las obras “exceden” el ámbito que el vigente PEP califica como “almacenamiento mixto en explanada y depósitos y área de dotaciones y servicios portuarios”. Por todo ello, la Corporación local coincide también en que las actuaciones de la Fase II y parte de la I no están contempladas en el proyecto de nueva base de contenedores de la Dársena del Este.

El Seprona realizó un informe en el que no pudo concluir si las actuaciones habían sido las causantes de los destrozos por carecer de medios y especialistas. La Fiscalía ratifica que los cuatros proyectos promovidos por Puertos fueron aprobados por el director de la Autoridad portuaria, quien también llevó a cabo el acta de replanteo previo y acta de disponibilidad de los terrenos, así como elaboró el informe justificativo de la necesidad de ejecución de las obras tramitándose el expediente luego por procedimiento abierto.

Tras las lluvias los daños ocasionados consistieron en la destrucción de la obra de fábrica, un tramo del muro que sostiene la carretera de los valles, todo ello aguas arriba. En la trama urbana los efectos también fueron considerables al producirse la erosión de cimentaciones de unos 25 metros y desplome de la misma, así como la movilización de escollera de protección del cauce en unos 105 metros “con la precarización absoluta de la plataforma viaria”, indica la fiscal.

La ocupación del cauce público del Barranco mediante la ejecución de las obras que dieron lugar a una explanada de 47.000 metros cuadrados.

En estas obras se incluía la superficie que resultó de cubrir el cauce y su encauzamiento. El proyecto aprobado por Puertos, recibió una autorización en precario del Consejo Insular de Aguas para la ocupación de dominio público hidráulico.

Parece que queda claro que se trataba de una construcción no autorizada por cuanto no estaban previstas en el Plan Especial de Ordenación del Puerto. La denuncia también apuntaba que no se analizaron las repercusiones que la cubrición del tramo del barranco iba a ocasionar a su función natural. Es decir el desagüe hacia el mar del agua de lluvia y los materiales o acarreos que ocasionan el arrastre de aquellas aguas.

Esta cuestión, según la denuncia interpuesta, no fue nunca analizada por la Declaración de Impacto Ambiental y resultó omitida por el Consejo Insular.